Resumen: La sentencia de instancia desestima la demanda por intromisión ilegítima de su derecho al honor, por inclusión en ficheros de morosos. Alega, el apelante que las dos deudas que mantenía con la entidad demandada se encontraban judicializadas, tratándose los contratos bancarios de los que derivaban de contratos litigiosos, incluyéndose las mismas en los ficheros de morosos antes de que recayese sentencia en los procedimientos por ellos tramitados, añadiendo la falta de requerimiento de pago con aviso de inclusión en los ficheros. La Sala desestima el recurso. Concluye que, aún cuando el actor recurrente formuló dos demandas solicitando la nulidad de los contratos referidos, respecto de los que en esos momentos estaba en situación de endeudamiento sin haber discutido el saldo deudor, debió ser conocedor de la obligación que sobre el pesaba de devolución del capital del crédito no restituido, sobre la que nada ha acreditado en este proceso, lo que impide la estimación del carácter litigioso de la deuda, al persistir su condición de deudor frente a la entidad demandada. Por lo que respecta a la alegada falta de requerimiento de pago, en los casos en que ya constaban en el fichero los datos del particular por otras inscripciones y otras deudas , el requerimiento de pago pierde su virtualidad, al figurar el mismo como incumplidos de sus obligaciones dinerarias, respondiendo, por tanto, su tratamiento a la realidad, por lo que no puede estimarse la intromisión ilegítima de su derecho
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si, conforme a la normativa existente contenida en el artículo 23.3 c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, la Disposición Final 4.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, así como en el artículo 15.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, los representantes sindicales tienen derecho a acceder a la información pública relativa a las cantidades que perciba cada funcionario en concepto de complemento de productividad.
Resumen: Se estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por los recurrente en relación con la sentencia,estimatoria parcial de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada y declarando,con ello,la responsabilidad solidaria del Ajuntament de Palma, del Instituto Municipal de l'Esport, la entidad Consultors Esportius de Balears, y la Aseguradora MGS Seguros y Reaseguros SA en los límites que se póliza prevea y condenándolos e indemnizar a los recurrentes en las cuantías fijadas en el fallo de la Sentencia dictada en la segunda instancia.Los hechos que motivan la reclamación tienen que ver con la caída sufrida por el familiar de los recurrentes, ya fallecido, mientras disputaba un partido de fútbol en la posición de un portero perdiendo el equilibrio, en un lance del partido y al caer fuera del perímetro del terreno de juego por la línea de fondo, impactó su cabeza con un muro de hormigón, allí ubicado, sufriendo lesiones cerebrales de extrema gravedad. En la instancia se exonera de responsabilidad al Ayuntamiento al haber cedido,medidante concesión,dicho terreno,a un tercero, responsables de los daños en concurrencia, en un 50%,con el perjudicado. Se revoca dicha Sentencia declarando,también la responsabilidad del Ayuntamiento,titular del servicio público de promoción del deporte e instalaciones deportivas,por omisión de su deber de policía y de inspección. Confirmando la concurrencia culposa del perjudicado.
Resumen: El actor está indocumentado, al no tener pasaporte con sellos que justifiquen por dónde y cuándo entró en territorio nacional, por no tener arraigo familiar o laboral y por constarle la inadmisión de otra autorización en noviembre de 2023. Se aclara que consta una entrada por Gran Canaria el 6 de febrero de 2018 y una salida por el mismo lugar el 16 de diciembre del mismo año pero, dadas las autorizaciones solicitadas posteriormente, es evidente que hubo una nueva entrada antes de 2021. Circunstancias que la Sala considera suficientes para desestimar el recurso al considerarlas agravatorias y proceder la expulsión.
Resumen: La sentencia desestimó la demanda en la que se solicitaba que se declarase la intromisión ilegítima en su derecho al honor al haber sido incluido el actor en el fichero de "incidencias judiciales y reclamaciones de organismos públicos" por una deuda inexistente, habiéndose incumplido los requisitos de requerimiento previo y notificación de la información posterior a la inclusión La Sala confirma la sentencia, haciendo suyos sus fundamentos en el sentido de que debe tenerse en cuenta que se trataba de una deuda con la Administración y que se encontraba publicada en un boletín oficial, por lo que no era exigible al propietario del fichero el cumplimiento de los citados requisitos.
Resumen: A propósito de un caída en una vía pública, revisada en vía de apelación esta sentencia entiende que no ha quedado debidamente acreditada la necesaria relación de causalidad entre el funcionamiento de un servicio público, en este caso el mantenimiento de la acera por el titular de tal infraestructura, y el accidente producido, siendo éste un requisito necesario para que surja la responsabilidad patrimonial de la Administración, cuya carga de la prueba recae, precisamente, sobre la parte recurrente al tratarse de un hecho constitutivo de su pretensión sin que pueda tampoco concluirse que los daños resulten antijurídicos.
Resumen: La Sala razona que no consta en el expediente administrativo instruido tras la detención del extranjero que éste haya aportado al mismo su pasaporte, ni que hay acreditado la entrada en territorio nacional conforme a las reglas que impone la legislación de extranjería. Tampoco en las actuaciones en sede judicial se encuentra esta documentación. El recurso de apelación manifiesta ignorar si el extranjero tiene un pasaporte o no. La situación de indocumentación constituye una circunstancia agravante de la mera estancia irregular, e impone, como regla general, la expulsión del extranjero. NO entiende que haya un especial arraigo, por su esposa e hijos no son ciudadanos de la UE y ha incumplido la obligación de salida tras la denegación de protección internacional.
Resumen: En la demanda se indica que durante una clase práctica de medio ambiente, cuando, al mezclar alcohol, azúcar y bicarbonato, la menor sufrió quemaduras al explotar la mezcla, de primer y segundo grado, localizadas en la cara y extremidades, de una extensión conjunta del 1% de la superficie corporal. Lo que se discute es quién se puede considerar víctima y de cuanto debe ser la indemnización. La Sala indica que el baremo al ámbito de la responsabilidad patrimonial, tiene un carácter meramente orientativo, con la única finalidad de introducir criterios de objetividad en la determinación del "quantum" indemnizatorio. Añade una cantidad a la fijada en sentencia, sin condenar a los intreses del art. 20 de la Ley de Contratos del Seguro.
Resumen: La sentencia apelada fijó en 150 euros el montante de la indemnización que debe percibir la actora por la intromisión ilegítima en su derecho al honor. La Sala estima parcialmente el recurso y lo establece en 1.500 euros. Considera al respecto que es más adecuado a las circunstancias del caso, ya que una vez admitida por la demandada la existencia cierta de una intromisión ilegítima, dada su aquiescencia a la estimación de la pretensión encaminada a tal fin, también existen otros factores que llevan a calificar favorablemente la pretensión indemnizatoria ejercitada. En primer lugar el amplio tiempo transcurrido desde el alta sin que se regularice la situación. En segundo lugar, no es menos destacable que el alta se produjo en uno de los ficheros de uso habitual en el mercado. O que, en tercer lugar, fueran accesibles los datos por varias entidades financieras y de servicios durante los años transcurridos que representan a los principales operadores en el mercado. Particularmente en el mercado del seguro: afirma la actora que su seguro obligatorio se ha triplicado sin poder cambiar de compañía, aunque nada se ha acreditado con el detalle suficiente para tenerlo en cuenta.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si la cláusula de confidencialidad prevista en el Reglamento 1049/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, resulta de aplicación a las solicitudes de acceso a la información pública que obren en poder de la administración española cuando la información solicitada forma parte de acuerdos internacionales; y (ii) establecer si el artículo 14.1) de la Ley de Transparencia, que establece un límite relativo a las relaciones exteriores, se aplica como límite para denegar el acceso a la información incluida en convenios internacionales, en particular la relacionada con la reventa o donación de bienes, como en el caso de las vacunas contra el Covid-19.
